Artur Mas no lo ha conseguido. Con el objetivo de tapar con este órdago independentista todas las miserias y corruptelas nacionalistas, Mas ha llegado –sin pretenderlo- hasta el final, pero no ha conseguido pactar su inmunidad y la de su partido en eventuales causas de corrupción que llaman a la puerta del Molt Honorable.
El resultado aleja a Mas de sus objetivos y, probablemente, no sea renovado como President de la Generalitat en beneficio de Oriol Junqueras que dependerá del apoyo de la CUP o de Podemos.
En este escenario de una Cataluña rota, dividida y practicamente escindida de España entra ahora en juego la justicia del Estado. O debería. Es necesario aplicar la ley sin miramiento. El Constitucional deberá de suspender cualquier acuerdo parlamentario que proclame un resultado que supere la legalidad de estas elecciones autonómicas, el Gobierno de España deberá de aplicar las medidas constitucionales para presevar la prevalencia y respeto de la Constitución en el territorio catalán, y , finalmente, la Audiencia Nacional debe de procesar a Mas, a todo su gobierno y a los parlamentarios autonómicos que le respalden.
Cataluña y toda España está a punto de sufrir un auténtico golpe de estado de naturaleza política y mediática y todos los partícipes han de responder ante la ley.
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