
España está quebrada a nivel financiero en dos niveles:
1.- A nivel privado, la alta dirección de la banca se ha dedicado a ganar dinero incluso a costa de la quiebra de sus propios bancos. Por eso sólo sobrevivirá la banca con poco accionariado. Léase: Botín con el Santander y Banesto, así como el BBV y el Popular. Las cajas de ahorro, o banca pública, está quebada por el expolio que le han inferido la clase política que se han dedicado a asaltar sus cuentas de resultados. En nuestra Comunidad, Bancaja y la CAM están quebradas y por ello han sido absorbidas por CajaMadrid y CajAstur. Pese a ello, pienso que, incluso las absorbentes, o sea, todas, desaparecerán.
2.- A nivel público, las comunidades autónomas con el actual diseño autonómico basado en el poder omnímodo del reyezuelo de turno han sido un coladero de contratación exagerado basado en criterios de nepotismo y no de necesidad o especialidad. Los partidos han creado un macropesebre autonómico dominado por el despilfarro y la corrupción y las cuentas autonómicas arrojan unos déficits financieros superiores a cualquier media ponderada europea. Valencia, nuestra comunidad, es especialmente relevante y nuestra deuda, cercana a la europea, multiplica casi por 9 la media nacional española. Somos la comunidad más endeudada, con cerca de un 45 % de hipoteca o deuda de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Las cifras son de escándalo.
El pasado 16 de Noviembre daba una conferencia sobre el estado social en el Ateneo Blasco Ibáñez que terminaba de esta manera y que reproduzco por la actualidad de los acontecimientos: “La positivización o formulación legal de los derechos sociales puede quedarse en una mera enunciación jurídica y demagógica carente de contenido si el sistema económico de mercado sigue convulsionándose sin que verdaderamente ahondemos en las patologías endémicas de un enfermo de pronóstico reservado.
Se trata, pues, de avanzar toda vía más en la regulación, no ya de los derechos humanos, constitucionales o sociales, sino de los mecanismos de control de los mercados y en los mecanismos de control de la política y de la partitocracia sobre la que se asienta.
2.- A nivel público, las comunidades autónomas con el actual diseño autonómico basado en el poder omnímodo del reyezuelo de turno han sido un coladero de contratación exagerado basado en criterios de nepotismo y no de necesidad o especialidad. Los partidos han creado un macropesebre autonómico dominado por el despilfarro y la corrupción y las cuentas autonómicas arrojan unos déficits financieros superiores a cualquier media ponderada europea. Valencia, nuestra comunidad, es especialmente relevante y nuestra deuda, cercana a la europea, multiplica casi por 9 la media nacional española. Somos la comunidad más endeudada, con cerca de un 45 % de hipoteca o deuda de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Las cifras son de escándalo.
El pasado 16 de Noviembre daba una conferencia sobre el estado social en el Ateneo Blasco Ibáñez que terminaba de esta manera y que reproduzco por la actualidad de los acontecimientos: “La positivización o formulación legal de los derechos sociales puede quedarse en una mera enunciación jurídica y demagógica carente de contenido si el sistema económico de mercado sigue convulsionándose sin que verdaderamente ahondemos en las patologías endémicas de un enfermo de pronóstico reservado.
Se trata, pues, de avanzar toda vía más en la regulación, no ya de los derechos humanos, constitucionales o sociales, sino de los mecanismos de control de los mercados y en los mecanismos de control de la política y de la partitocracia sobre la que se asienta.
La corrupción de los mercados nacionales e internacionales abandonados a la suerte de la especulación global y de un mercantilismo mundializado es un serio peligro para todas las conquistas que tanto esfuerzo y sacrificio ha costado a tantos colectivos y personas que han sufrido sobre sus carnes la injusticia de la economía y de la política.
Como también lo es la corrupción de los sistemas políticos, de los partidos políticos y de una clase política cada vez más envilecida por la lucha de poder que carcomen las administraciones e incluso el tejido social al que sólo aspiran controlar para la satisfacción de sus particularísimos intereses personales o de casta.
Hay, pues, que llevar a las constituciones y al resto de legislación delegada los mecanismos necesarios y a la vez implacables que acaben con la corrupción política y la corrupción económica con el endurecimiento y agravamiento de las penas si, verdaderamente queremos hacer creíble, verosímil y moralmente defendible el Estado social y de derecho que proclama nuestra vigente Constitución Española”.
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